El examen final de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) al Ingreso Mínimo Vital (IMV), la medida estrella del Gobierno para paliar los efectos de la pobreza sobre los más vulnerables, revela que más de la mitad de los perceptores cobran al menos otra prestación pública. Una conclusión que lleva al organismo que preside Inés Olóndriz a proponer al Ejecutivo que refuerce «la coherencia del IMV con el resto del sistema de protección social» y mejore «el diseño y funcionamiento de la prestación a partir de la experiencia europea».
La AIReF concluye que el IMV es más elevado que las ayudas similares en la UE y tiene peores resultados en cobertura y reducción de la pobreza
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El examen final de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) al Ingreso Mínimo Vital (IMV), la medida estrella del Gobierno para paliar los efectos de la pobreza sobre los más vulnerables, revela que más de la mitad de los perceptores cobran al menos otra prestación pública. Una conclusión que lleva al organismo que preside Inés Olóndriz a proponer al Ejecutivo que refuerce «la coherencia del IMV con el resto del sistema de protección social» y mejore «el diseño y funcionamiento de la prestación a partir de la experiencia europea».
Es la principal recomendación que incluye el organismo fiscalizador en la que es la quinta y última opinión sobre el IMV. La AIReF cierra así el ciclo de evaluaciones anuales, analizando por primera vez la integración de esta ayuda pública en el conjunto del sistema de protección social y comparándola con las prestaciones de último recurso de otros países europeos. El resultado general apunta a que el IMV ha reforzado la protección frente a la pobreza, pero «persisten retos estructurales que limitan su eficacia».
En el informe, publicado este jueves, la AIReF constata que en 2024 el 51% de los perceptores de esta ayuda estaba cobrando al mismo tiempo al menos otra prestación y el 16% llegó a combinarla con dos o más ayudas adicionales, siendo el subsidio de desempleo la prestación que más se complementa, especialmente entre mayores de 52 años. Ante esta evidencia, el organismo advierte de que «existe margen para mejorar el encaje del IMV con el resto de prestaciones, lo que exige reforzar la coherencia del sistema entre coberturas para evitar solapamientos».
En concreto, el estudio apunta que el 16,6% de los titulares del IMV percibe también el subsidio de desempleo durante los doce primeros meses de cobro, mientras el 17% de los episodios de subsidio desemboca posteriormente en una solicitud del IMV. La AIReF constata, además, que esta relación se intensifica a partir de los 52 años, cuando el subsidio se vuelve indefinido y «pasa a operar, en la práctica, como una prestación de último recurso que convive con el IMV hasta la jubilación». De hecho, la simultaneidad entre el IMV y la ayuda que se percibe cuando se acaba el paro se duplica a partir de los 52 años. Y por eso el organismo pone ahí el foco y pide que se revise la pertinencia de cobrar estas dos ayudas al mismo tiempo para que «cada necesidad sea atendida a través de una única prestación».
Respecto a la comparativa europea, la evaluación también revela margen de mejora, ya que considera que España combina una prestación relativamente elevada con resultados inferiores a la media de los países europeos, tanto en cobertura como en reducción de la pobreza. Además, en opinión de la AIReF, «mantiene un periodo de cómputo de rentas más rezagado, una definición amplia de la unidad de convivencia y una condicionalidad laboral menos intensa». En consecuencia, el porcentaje de cobertura de la pobreza del IMV en España se sitúa en el 31%, frente al 36% de media de las prestaciones de último recurso en la UE.
La AIReF también ha actualizado los resultados respecto al despliegue de la prestación y calcula que en 2025 el número de beneficiarios aumentó un 16% y la cobertura se amplió hasta el 44,2%, con una reducción del tiempo mediano de tramitación hasta 99 días. Sin embargo, el informe advierte de que el 52% de los hogares con derecho al IMV continúa sin solicitar la ayuda, un porcentaje que prácticamente ha permanecido inmóvil en todas las evaluaciones desde la puesta en marcha de esta medida. Asimismo, el 51% de los hogares sigue experimentando modificaciones en la prestación por la revisión de rentas y el incentivo al empleo mantiene un alcance similar al de 2024.
Por otro lado, el informe analiza la intensidad protectora del IMV y la permanencia en la prestación. Y arroja que el 46% de los perceptores continúa cobrando el IMV transcurridos 60 meses, porcentaje que se eleva hasta el 57% entre los beneficiarios cuyo importe se encuentra más próximo a la renta garantizada y se reduce al 34% entre aquellos que reciben una proporción menor. Unos resultados que, a juicio del organismo, «muestran que una mayor intensidad protectora se asocia con una mayor permanencia en la prestación y refuerzan la necesidad de mejorar la conexión del IMV con el empleo mediante una reformulación del incentivo al empleo».
Por eso la AIReF vuelve a pedir una «reformulación integral del incentivo al empleo que facilite la transición al trabajo y reduzca la elevada permanencia de los beneficiarios empleables en el IMV». «Hay que conseguir que los perceptores del IMV que son empleables puedan llegar a integrarse otra vez en el mercado laboral», ha señalado Olóndriz en rueda de prensa. En paralelo, repite algunas de sus recomendaciones, como simplificar la definición de renta y de unidad de convivencia y adaptarlas a la información disponible en los registros administrativos para «avanzar hacia fórmulas de concesión automática que reduzcan de forma significativa el elevado número de potenciales beneficiarios que no solicitan la prestación».
Además, el organismo insiste en la necesidad de actualizar el periodo de cómputo de las rentas, utilizando información más reciente, para «evitar continuas regularizaciones y solicitudes de devolución que erosionan la confianza en la prestación». Y añade en esta quinta opinión las dos propuestas relacionadas con el refuerzo de la coherencia del IMV y el resto de prestaciones y la revisión del diseño para asegurar una prestación más consistente, en línea con la experiencia europea.
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