Inglaterra y Gales tienen una población combinada de alrededor de 60 millones de personas. De ellas, unos cuatro millones reciben cada cuatro semanas ayudas del Estado por enfermedad o discapacidad de larga duración que les limite el desarrollo de su vida normal. La ayuda máxima es de 194,60 libras (227 euros con 50 céntimos) a la semana, una cantidad que perciben alrededor de millón y medio de los beneficiarios del programa. Todas esas ayudas están exentas de tributación en el IRPF.
El nuevo premier fía su mandato a un ajuste sobre las prestaciones sociales, asumiendo un elevado riesgo para sanear unas cuentas públicas exhaustas por la inflación y una deuda histórica
Inglaterra y Gales tienen una población combinada de alrededor de 60 millones de personas. De ellas, unos cuatro millones reciben cada cuatro semanas ayudas del Estado por enfermedad o discapacidad de larga duración que les limite el desarrollo de su vida normal. La ayuda máxima es de 194,60 libras (227 euros con 50 céntimos) a la semana, una cantidad que perciben alrededor de millón y medio de los beneficiarios del programa. Todas esas ayudas están exentas de tributación en el IRPF.
Esas cifras significan que el 8,6% de la población inglesa en edad de trabajar y nada menos que el 11,9% de la galesa está recibiendo esas ayudas, que se denominan PIP (Pago Personal de Independencia, por sus siglas en inglés). El PIP no tiene relación con la situación laboral del beneficiario, lo que explica que lo estén percibiendo 660.000 personas con empleo y 700.000 jubilados a los que les fue concedido cuando estaban en edad de trabajar. Tampoco está vinculado alguno al nivel de renta o al patrimonio del beneficiario, así que lo tienen unas 200.000 personas en hogares con unos ingresos brutos superiores a las 100.000 libras (117.000 euros), según datos oficiales citados por el diario conservador ‘Daily Telegraph’.
El PIP fue creado en 2013 por el Gobierno del conservador David Cameron, que gobernaba en coalición con los Liberal-Demócratas de Nick Clegg (de cuya esposa, Miriam González Durántez, se dice que quiere lanzar su carrera política en España). Su objetivo era frenar el coste para el Estado de las bajas por enfermedad. El resultado ha sido un fracaso sin paliativos. En sus trece años de existencia, el PIP ha crecido hasta costar al erario público 28.500 millones de libras (33.300 millones de euros) en el último ejercicio fiscal.
El PIP es solo un ejemplo de los problemas del sistema de ayudas sociales del Reino Unido. El país pionero mundial en el establecimiento de un impuesto para ayudar a los desfavorecidos (con la ‘Ley de pobres’ de 1601), del seguro de paro (en 1911), y de la sanidad universal gratuita (en 1948) se enfrenta a un ajuste inevitable. Con una deuda pública que se ha disparado hasta el 94,9% del PIB tras una década de despilfarro conservador, caos del ‘Brexit’ y Covid-19, el ajuste es inevitable. Pero el PIP es, asimismo, una muestra de las dificultades políticas para llevar a cabo esa transformación. Cuando hace trece meses el entonces jefe del Gobierno, Keir Starmer, intentó simplemente, endurecer los criterios de acceso al programa y así bajar su coste en un 23%, sufrió una rebelión de sus propios parlamentarios que no solo tumbó la idea sino que incluso puso en cuestión la continuidad en el cargo de la ministra de Hacienda, Rachel Reeves.
Ahora, en las dos semanas que lleva en el cargo, el nuevo primer ministro, Andy Burnham, ha multiplicado los mensajes en la dirección del ajuste. Aparentemente, su plan es llevar a cabo una reforma a fondo del Estado del Bienestar británico. En ese sentido, el presuntamente izquierdista persigue la misma meta que el centrista Starmer. La gran cuestión, sin embargo, es que ha evitado entrar en detalles.
En su primera entrevista desde que asumió el cargo, a la BBC, Burnham ya declaró que «tenemos que ser realmente serios como país para reducir el coste del Estado del Bienestar». De lo contrario, advirtió, una de las ‘joyas’ de ese sistema de bienestar, el Sistema Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en inglés) «se colapsará». Aunque las críticas al funcionamiento del NHS son casi universales, el concepto de una sanidad pública goza del respaldo del 82% de los británicos, según una encuesta realizada en 2023 por la organización independiente y sin ánimo de lucro National Center for Social Research.
En teoría, debería haber mucho donde cortar. El sistema de bienestar del Reino Unido le costó a las arcas públicas 332.900 millones de libras (389.100 millones de euros), según las estadísticas del propio Gobierno, lo que supone la cuarta parte de todo el gasto público, intereses de la deuda incluidos.
En realidad, no es una cifra tan alta. Esa cantidad supone el 11% del PIB del país, mientras que en España, que, además, tiene una deuda pública del 101,6% (casi siete puntos mayor que la británica), esa misma partida asciende al 17% del PIB. Claro que el bono español tiene una rentabilidad del 3,67% mientras que la del británico es del 5,04%, así que es Londres, y no Madrid, quien tiene un problema fiscal acuciante.
Burnham dice estar convencido, y se ha declarado dispuesto «a gastar todo mi capital político para arreglar un sistema de ayudas sociales que está roto». Pero, al mismo tiempo, no ha dado ningún detalle. En la misma entrevista con la BBC, lo dejó bien claro cuando dijo que «no voy a poner un calendario aquí y ahora». Para la líder de la oposición, Kemi Badenoch, eso significa, lisa y llanamente, que Burnham no tiene un plan digno de tal nombre, sino tan solo buenas palabras.
Pese a la parquedad en detalles, Londres ha telegrafiado dónde va a empezar a reformar el Estado del Bienestar, aunque probablemente Burnham, que es mucho más hábil que Starmer, no lo haga hasta octubre, después de haber sido recibido como el salvador del partido (si su popularidad se mantiene para entonces) en la Conferencia Anual laborista, que es el equivalente de un congreso de un partido en España.
La clave es establecer criterios de condicionalidad para acceder a las ayudas del Estado, en casos como el PIP o de endurecer los ya existentes en el llamado Crédito Universal, que podría ser definido como una especie de combinación de Ingreso Mínimo Vital, ayuda para la vivienda y desempleo, todo en uno. El objetivo es «cambiar la naturaleza de las ayudas» para que «la gente aproveche las oportunidades que tiene delante».
Son medidas que, en líneas generales, la población apoya. Aunque con dos excepciones claves. Una es la izquierda laborista, que ya tumbó la reforma del PIP de Starmer. La otra, los propios afectados. Porque la experiencia demuestra que todo el mundo está a favor de que se terminen las ‘mamandurrias’, por utilizar la expresión de la ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, pero solo las de los demás.
La primera línea de ataque parece ser el desempleo juvenil, algo especialmente serio en un país que tiene casi un millón de ‘ni-nis’ – es decir, personas que ni trabajan ni estudian – de entre 16 y 24 años. Es una crisis que amenaza con crear una generación perdida», en palabras tanto de Alan Milburn, ex alto cargo con Tony Blair, como de la patronal Confederación Británica de la Industria.
Para ello, Londres va a lanzar un plan de quince años de reforma educativa para fomentar la formación profesional y los contratos de aprendiz. Pero también quiere endurecer los requisitos para que los jóvenes sigan recibiéndolo. Entre las medidas que están siendo evaluadas está obligar a los jóvenes que lo reciban a entrar en programas de formación o de actividades de servicio público.
Por si esto no fuera suficiente, va acompañado de la mayor descentralización política en la Historia de Inglaterra, ya que Burnham va a ceder competencias de Londres a las administraciones locales de ese país del Reino Unido. Aunque la medida no va a afectar a Gales, Escocia e Irlanda del Norte, es la mayor reforma del Estado del país en casi 30 años, desde que el Gobierno de Tony Blair resucitó el Ayuntamiento de Londres, creó la unidad administrativa del Gran Londres, y estableció los gobiernos autónomos de Escocia, Irlanda del Norte y Gales.
Eso significa que los ayuntamientos y otros entes locales y regionales tendrán la capacidad de decidir y gestionar la ejecución práctica de muchas de esas medidas. Burnham quiere crear un Servicio Nacional de Atención a los acianos que siga el modelo del NHS lo que paradójicamente podría ‘recentralizar’ esas competencias, que en la actualidad están ya en manos de los gobiernos locales.
Es una agenda tan ambiciosa en los principios como vaga en los detalles y arriesgada en la realidad política. Y sin margen de maniobra. Según el think tank independiente Resolution Foundation, las medidas, casi simbólicas, de aumento de gasto, límites en los precios de los autobuses públicos, reducción de un impuesto a los pubs y otros establecimientos hosteleros, y suspensión del IVA que Burnham lanzó en sus primeras ds semanas para congraciarse con los votantes, han dejado al Reino Unido con un mínimo ‘colchón fiscal’ de apenas 7.000 millones de libras (unos 8.200 millones de euros) con los que hacer frente a cualquier eventualidad, ya sea una escalada fuera de control de la guerra en Oriente Medio o un movimiento especulativo de los mercados.
Porque Londres no tiene munición fiscal. Al contrario que Francia, que tiene una deuda mayor y una parálisis pública total, Gran Bretaña no está dentro del euro y no se beneficia de la política del BCE de mantener el coste de la deuda de los países miembros lo más bajo posible. El Banco de Inglaterra, además, lleva ya casi cuatro años vendiendo los bonos que había comprado durante la crisis de 2008 y el Covid-19, lo que supone, en la práctica, una subida de los tipos de interés.
La inflación británica es más alta que la de la eurozona, en parte porque el ‘Brexit’ dificulta el comercio y hace al país más sensible a los ‘shocks’ de precios, como el que se ha producido con el petróleo este año. A ello se suma la persistente ‘prima de la estupidez’ (‘moron premium’) que los operadores siguen cobrando a la deuda británica desde que la primera ministra conservadora Liz Truss logró en siete semanas en el cargo en 2022 poner al país al borde de una crisis propia de un mercado emergente.
Intentar cuadrar esa situación le costó el cargo a Starmer. Ahora, Burnham quiere convertirla en su campo de batalla para asegurase la reelección en 2029.
Actualidad Económica. Noticias de Economía Nacional e Internacional
