El vicepresidente y desde ayer ministro de Transportes, Carlos Cuerpo, se está empleando a fondo para atajar la crisis abierta por la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo) la semana pasada. En su primer día tras la dimisión de Óscar Puente descabezó la cúpula de la empresa pública de infraestructuras Adif. En el segundo va a intentar convencer a los trabajadores ferroviarios de que el Gobierno toma en serio sus reiterados avisos sobre el deterioro del sistema para que desactiven sus protestas, programadas para las semamas centrales de noviembre, en plena campaña electoral.
El nuevo responsable de Transportes trata de aplacar a la plantilla mientras el regulador llama a Adif para imponerle la reducción de velocidades cuando los sistemas LZB caigan, como en Urda
Audio generado con IA
El vicepresidente y desde ayer ministro de Transportes, Carlos Cuerpo, se está empleando a fondo para atajar la crisis abierta por la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo) la semana pasada. En su primer día tras la dimisión de Óscar Puente descabezó la cúpula de la empresa pública de infraestructuras Adif. En el segundo va a intentar convencer a los trabajadores ferroviarios de que el Gobierno toma en serio sus reiterados avisos sobre el deterioro del sistema para que desactiven sus protestas, programadas para las semamas centrales de noviembre, en plena campaña electoral.
Cuerpo ha citado a los representantes sindicales de los maquinistas, a quienes Puente señaló en su discurso de despedida como ingratos por no haberle correspondido en las concesiones que les hizo en su mandato. Los conductores, agrupados en el sindicato Semaf, han convocado paros los próximos 10 y 12 de noviembre en protesta por las malas condiciones de seguridad que presenta el sistema y cuya responsabilidad es de Adif.
La crisis abierta por las tragedias de Adamuz (Córdoba), Gelida (Barcelona) y Urda (Toledo), con 116 muertos en nueve meses ha hundido la confianza en la seguridad del sistema ferroviario. Los documentos internos del propio gestor público confirman, además, que darle la vuela a la situación será más difícil de lo que puede parecer y llevará años. Tal y como informa hoy este diario, a partir del convenio de financiación firmado con el Ministerio de Hacienda hasta 2030, la fiabilidad no despegará ni en la vía convencional ni en alta velocidad. Operadores como Renfe, Iryo o Ouigo han criticado que se «normalice» este deterioro.
Pero los maquinistas no son el único colectivo en pie de guerra por esta situación. Adif cuenta con casi 14.000 trabajadores y el malestar, patente desde el pasado febrero, estalló tras Urda. CCOO pidió prácticamente la intervención urgente de Adif por suponer su actuación un «riesgo grave». El organismo al que se dirigió, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) tiene facultades normativas para modificar cómo ordena el tráfico la empresa. La AESF ya ha respondido a esa demanda citando a Adif y las empresas de viajeros «para concretar la redacción de una ficha guía que contemple la actuación para circular al amparo del BSL cuando se producen anomalías en la circulación con LZB». Es decir, el gestor de infraestructuras modificará su operativa a petición de trabajadores y operadores para circular a 40 km/h obligatoriamente cuando haya una caída del sistema de señalización, como sucedió en la tragedia de la semana pasada.
Pero los trabajadores han iniciado ya los trámites para convocar huelga el 17 de noviembre, cuatro días después de que empiece la campaña electoral. La dimisión de Puente no acabó de tranquilizarles y la de Marco de la Peña se daba por hecha. «Los problemas siguen, es un aviso a navegantes», advierten
Actualidad Económica. Noticias de Economía Nacional e Internacional
