<p>El juez que <a href=»https://www.elmundo.es/espana/2025/05/16/68277c15e9cf4a0d378b458e.html»>investiga</a> a la esposa del presidente del Gobierno por tráfico de influencias y corrupción en los negocios ha pedido a la <a href=»https://www.elmundo.es/e/uc/uco.html»>Unidad Central Operativa</a> (UCO) de la <a href=»https://www.elmundo.es/e/gu/guardia-civil.html»>Guardia Civil</a> las <a href=»https://www.elmundo.es/espana/2025/02/04/67a1e11ae85eceed7f8b4581.html»>llamadas</a> de la asesora de <strong>Moncloa</strong> que ejercía las funciones de secretaria persona de <a href=»https://www.elmundo.es/e/be/begona-gomez-fernandez.html»>Begoña Gómez</a>, <strong>Cristina Álvarez</strong>. En concreto, reclama le «remita la relación de las llamadas emitidas y recibidas» desde julio de 2018 con las empresas que patrocinaron la polémica cátedra de la esposa de <a href=»https://www.elmundo.es/e/pe/pedro-sanchez.html»>Pedro Sánchez</a> en la <strong>Universidad Complutense de Madrid</strong> (UCM). </p>
El magistrado se dirige a «la Organización Mundial de Turismo, Indra Sistemas S.A., Google Spain S.L., Fundación Manpower, Arsys Internet, Telefónica S.A., Fundación La Caixa, Reale o cualquier otra entidad mercantil que patrocinara los masters o cátedras»
El juez que investiga a la esposa del presidente del Gobierno por tráfico de influencias y corrupción en los negocios ha pedido a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil las llamadas de la asesora de Moncloa que ejercía las funciones de secretaria persona de Begoña Gómez, Cristina Álvarez. En concreto, reclama le «remita la relación de las llamadas emitidas y recibidas» desde julio de 2018 con las empresas que patrocinaron la polémica cátedra de la esposa de Pedro Sánchez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
En una providencia a la que ha tenido acceso EL MUNDO, el magistrado Juan Carlos Peinado especifica las empresas a las que va dirigida su solicitud. «La Organización Mundial de Turismo, Indra Sistemas S.A., Google Spain S.L., Fundación Manpower, Arsys Internet, Telefónica S.A., Fundación La Caixa, Reale o cualquier otra entidad mercantil que patrocinara los masters o cátedras en las que participó María Begoña Gómez Fernández, así como las llamadas enviadas o recibidas a teléfonos vinculados con la Universidad Complutense de Madrid y su personal y a los números vinculados con Juan Carlos Barrabés y su grupo de empresas».
Asimismo, el instructor apunta a Presidencia del Gobierno para que detalle, dice, «la fecha en que se hizo entrega» a la asesora de Gómez de su teléfono, «así como si se ha puesto a su disposición algún otro número de teléfono oficial adicional».
La petición forma parte de la pieza que Peinado ha elevado una exposición razonada al Tribunal Supremo para que impute al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por malversación y falso testimonio en relación con la contratación de la asesora de la esposa del presidente del Gobierno.
Hace dos semanas, la Audiencia Provincial de Madrid ratificó la imputación de Álvarez en estas diligencias. Pese a que el tribunal se mostró crítico con el juez instructor, estimaron que había que motivos suficientes para la imputación. «Existen múltiples datos objetivos que avalan la decisión del juez instructor», indicaron entonces.
«Respecto de la investigada Cristina Álvarez, ¿qué indicios de responsabilidad se le pueden imputar? La investigación tendrá que centrarse en si se sobrepasó en el desempeño de las funciones públicas que le fueron encomendadas para favorecer el plan delictivo de la investigada en el delito de tráfico de influencias, mediante la desviación de medios públicos puestos indebidamente al servicio de intereses particulares o estrictamente privados», afirmaban los magistrados.
La imputación de la asesora, acordada en enero, lo es en la pieza principal de la causa, la que indaga en la relación de Begoña Gómez con el empresario Juan Carlos Barrabés y en su actuación en la cátedra extraordinaria que dirigía en la Complutense. Los magistrados hacen también referencia continua al delito de malversación, para el que Peinado abrió una pieza separada y en el que no están imputadas ni Gómez ni su asesora, porque no habrían sido ellas las responsables del presunto delito.
El auto mencionaba concretamente algunos elementos que constan en la causa y que apuntarían al papel de Álvarez en el tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Por ejemplo, la declaración de responsables universitarios de que ella acompañaba a Begoña Gómez en sus reuniones y era receptora habitual de sus correos.
También citaba un mensaje en el que Álvarez pide a Reale Seguros, patrocinador de la cátedra, que reconsidere su decisión de no seguir aportando fondos. Una actuación «que parece excede claramente sus funciones», dicen los jueces.
«Datos indiciarios suficientes en este momento procesal», concluye el tribunal, «de los que podría deducirse también la relación con las empresas del Grupo Barrabés, de las que supuestamente se valía la principal investigada, lo que supondría una clara desviación del cumplimiento de su función como personal eventual de la administración».
«Otro dato más a considerar», añadía el tribunal reforzando la decisión de abrir una pieza separada por malversación, «es el de la amistad personal previa, siendo la razón de su nombramiento en el cargo de máxima confianza, sirviendo a las actividades privadas de Begoña Gómez, que se pretenden mejorar con este nombramiento, lo que podría suponer una desviación de recursos públicos en favor de intereses privados y, lo que es más importante, ofrecidos dentro de una estructura institucionalizada de poder que sirve para reforzar una indudable influencia como es la Presidencia del Gobierno».
Cristina Álvarez Rodríguez es la directora de Programas de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno. Pese a ello, parte de sus tareas se han dedicado a las tareas profesionales de la esposa de Pedro Sánchez. La investigación judicial refleja que ha intervenido activamente en la gestión de la cátedra de Begoña Gómez.
Las actividades de la asesora de Moncloa en la cátedra de la esposa de Sánchez fueron variadas, según la investigación. En una ocasión, envió un correo a Reale Seguros para intentar que la compañía cambiara de opinión y mantuviese el patrocinio de la cátedra. «Me dice Begoña que te traslade que le encantaría que sigáis como Patronos de la Cátedra, aunque sea con una cantidad inferior. Dispuestos a colaborar con vosotros en lo que necesitéis», escribió.
Álvarez aparece también en las cadenas de correos en las que Gómez aborda con la Complutense cómo tratar el registro del software que ha provocado la imputación por apropiación indebida, así como el registro de la marca de la cátedra extraordinaria en Transformación Social Competitiva. La asesora de La Moncloa empleaba para ello un correo particular.
En algunas ocasiones, sin embargo, Álvarez envió mensajes a colaboradores de la cátedra empleando la cuenta de correo oficial de La Moncloa e incluyendo el membrete de Presidencia del Gobierno.
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