La falta de una actualización en los presupuestos de los contratos públicos amenaza con la política de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez. Ante la paralización de proyectos por culpa de los sobrecostes, el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Pedro Fernández, ha advertido que «si la política del Gobierno tan centrada en vivienda se quiere poner en marcha, estamos teniendo un problema si no damos una cláusula de estabilización de precios. Porque prever cuánto va a costar lo último que pone en una obra de vivienda, que es dentro de 36 meses, es difícil preverlo».
Entre enero y junio de 2026: al menos 1.130 licitaciones de obra pública han quedado desiertas lo que ha impedido iniciar proyectos por un importe superior a los 707 millones de euros
La falta de una actualización en los presupuestos de los contratos públicos amenaza con la política de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez. Ante la paralización de proyectos por culpa de los sobrecostes, el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Pedro Fernández, ha advertido que «si la política del Gobierno tan centrada en vivienda se quiere poner en marcha, estamos teniendo un problema si no damos una cláusula de estabilización de precios. Porque prever cuánto va a costar lo último que pone en una obra de vivienda, que es dentro de 36 meses, es difícil preverlo».
Así lo han informado durante la presentación de su informe, que recoge los datos registrados entre enero y junio de 2026: al menos 1.130 licitaciones de obra pública han quedado desiertas lo que ha impedido iniciar proyectos por un importe superior a los 707 millones de euros.
Aunque la exigencia de actualizar los precios no es una novedad para las empresas constructoras, el sector alerta de la gravedad actual al tratarse de unas cifras récord acumuladas en un periodo inusualmente corto de apenas seis meses. Tras soportar incrementos de entre el 31% y el 36% en los costes de edificación y urbanización durante la última década, las compañías argumentan que «los números no salen». Ante la falta de mecanismos automáticos que adapten los presupuestos a la inflación, se ven obligadas a rechazar los concursos.
Este escenario choca con la recientes apuesta impulsada desde Moncloa. El Gobierno aprobó el nuevo Plan Estatal de Vivienda que busca blindar el parque público con un presupuesto de 7.000 millones de euros. Con una inversión que triplica la del anterior, el Consejo de Ministros ratificó el pasado 21 de abril un paquete de medidas que contempla que las viviendas mantengan la calificación de protegidas de forma permanente. Sin embargo, la viabilidad de estas grandes inversiones está en entredicho; de hecho, actuaciones de gran envergadura como la promoción de viviendas protegidas en Las Palmas de Gran Canaria, dotada con más de 29 millones de euros, ya han quedado desiertas por falta de postores.
El telón de fondo de estas cifras se encuentra en las recientes tensiones geopolíticas. Según los datos de la patronal entregados por EL MUNDO, las consecuencias de la guerra en Oriente Próximo han impactado en la campaña de asfaltado de las carreteras españolas para este verano, con casi 900 millones de euros licitados en peligro de parálisis. Ante esta situación, el Ministerio de Hacienda autorizó una revisión de precios excepcional el próximo septiembre para la empresa pública Tragsa, pero mantiene denegada esta misma medida de urgencia para las constructoras privadas.
Esta situación se agrava en los ayuntamientos y comunidades autónomas porque, a diferencia de la Administración General del Estado, a menudo omiten las cláusulas de revisión de precios en sus pliegos. Según Fernández, estas administraciones prefieren no justificar la revisión para evitar el trámite administrativo y quitarse «un problema de en medio», obligando al adjudicatario a asumir en solitario todo el riesgo de inflación. Como resultado, la AGE representa menos del 20% de los expedientes afectados por el abandono.
A su vez, la patronal ha detectado 747 licitaciones que contaron con un único licitador, lo que eleva a 1.877 los procedimientos de contratación pública con concurrencia nula o insuficiente en tan solo medio año.
En España, el 33% de los contratos se adjudican a un único postor, cinco puntos por encima de la media de la Unión Europea (28%) y muy lejos del umbral inferior al 10% que Bruselas considera satisfactorio. La Comisión Europea califica este alto nivel de licitadores únicos como una «red flag», según Fernandez, por las posibles irregularidades o disfunciones que insinúa. Desde la CNC descartan que la causa principal en nuestro país sean unas exigencias desproporcionadas de solvencia o unos pliegos restrictivos, ya que la patronal suele impugnarlos con éxito, y apuntan a la nula rentabilidad económica.
El problema de fondo radica en la imposibilidad de cuadrar las cuentas frente a los extensos plazos de la obra pública. Las constructoras operan habitualmente con márgenes de beneficio inferiores al 5%, un colchón a todas luces insuficiente para absorber un incremento global de los costes de producción que ha rondado entre el 30% y el 40% durante la última década. Ciertos sectores han sufrido impactos aún mayores, como la edificación (con subidas de hasta el 35%)o las carreteras, que se han encarecido hasta un 43% por el alza disparada de los materiales bituminosos y la energía.
El mapa de la parálisis se extiende por toda la geografía española, aunque Andalucía (284 expedientes desiertos), Cataluña (199), la Comunidad Valenciana (127) y Extremadura (106) concentran de forma conjunta más del 63% del problema. A los problemas residenciales se suman proyectos frustrados como la construcción de una nave logística en El Prat (casi 50 millones de euros), la nueva Ciudad de la Justicia de Valladolid (35 millones) o infraestructuras críticas como depósitos de combustible en Cádiz (32 millones).
Pese a los grandes presupuestos paralizados, los altos precios impactan a las pequeñas y medianas empresas que trabajan para la administración local. Más de ocho de cada diez licitaciones desiertas, es decir, el 82% corresponden a contratos con un importe inferior a los 500.000 euros. Son obras que presentan menores barreras de acceso y que, en muchos casos, ni siquiera exigen una clasificación previa del contratista para poder presentarse al concurso. Sin embargo, nadie quiere postular a estas por la incertidumbre.
Ante este escenario de colapso, la CNC ha reiterado mediante varias cartas al Ministerio de Hacienda la exigencia de modificar urgentemente la Ley de Contratos del Sector Público y la Ley de Desindexación. El objetivo último del sector es excluir la contratación pública de esta normativa para permitir mecanismos automáticos de actualización que garanticen la supervivencia de las empresas, reactiven la libre competencia y pongan fin al estrangulamiento de las infraestructuras.
Actualidad Económica. Noticias de Economía Nacional e Internacional
