Las transferencias que ha tenido que hacer el Estado central a la Seguridad Social para ayudarle a asumir sus compromisos de gasto han ascendido a 14.748 millones de euros de enero a mayo, un 10,4% más que lo que tuvo que poner en el mismo periodo del año anterior.
Se destinan 14.748 millones de la recaudación tributaria hasta mayo para completar los ingresos del sistema y que pueda asumir sus compromisos de gasto
Audio generado con IA
Las transferencias que ha tenido que hacer el Estado central a la Seguridad Social para ayudarle a asumir sus compromisos de gasto han ascendido a 14.748 millones de euros de enero a mayo, un 10,4% más que lo que tuvo que poner en el mismo periodo del año anterior.
Según las Estadísticas de Ejecución del Presupuesto publicadas este jueves por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) con datos de los primeros cinco meses del año, los créditos definitivos del Estado a la Seguridad Social contabilizados para este año se sitúan en 38.786 millones de euros, la misma cuantía del año pasado dada la prórroga presupuestaria, pero en la práctica en los primeros cinco meses del año ha sido necesario incrementar los pagos en casi 1.400 millones, hasta los 14.748.
El Ministerio de Hacienda articula estos pagos a la Seguridad Social porque esta administración no tiene capacidad con sus ingresos para hacer frente a los gastos, a pesar del fuerte incremento que se ha producido en la recaudación vía cotizaciones sociales, aupada por las medidas de la reforma de pensiones.
El 44% de lo transferido (6.550 millones hasta mayo) se consideran aportaciones «en cumplimiento de la recomendación primera del Pacto de Toledo de 2020″, es decir, en obediencia a lo que recomendó el Parlamento con la unanimidad de todos los grupos parlamentarios excepto Vox hace seis años. Mandataron entonces que «las cotizaciones sociales deben ser destinadas exclusivamente a financiar prestaciones contributivas -sin perjuicio de aportaciones que el Estado pudiera realizar en su condición de garante del sistema-, mientras que la financiación de las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social y la de aquellas otras prestaciones universales, vinculadas a otros pilares del sistema de protección social en su conjunto, ha de efectuarse exclusivamente a través de aportaciones del Estado al presupuesto de la Seguridad Social».
Esta partida ha crecido un 25,9% respecto al mismo periodo del año anterior. Además de esa aportación, el Estado ha tenido que transferir 3.000 millones hasta mayo incluido para financiar los complementos de pensiones mínimas -que se abonan cuando la pensión no llega al umbral mínimo para garantizar un nivel digno de ingresos-, misma cuantía que al año pasado; y otros 2.100 millones adicionales para prestaciones no contributivas (a pesar de que la transferencia para cumplir con el Pacto de Toledo ya incluye ese fin), destinadas a personas que no cumplen con los requisitos mínimos de cotización a la Seguridad Social y que necesitan recursos. Esta última ha subido un 0,4%.
Para el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), el Estado ha tenido que poner 1.525 millones, mientras que al pago del Ingreso Mínimo Vital se han destinado 1.290 millones. Esta ayuda supone un coste para la Seguridad Social que sólo en mayo se situó en 500 millones para cubrir a 860.000 familias en las que residen en total 2,6 millones de personas.
Ha crecido con fuerza también hasta mayo la aportación al Instituto de Gestión Sanitaria, dedicado a la gestión de prestaciones sanitarias en Ceuta y Melilla y a otras labores como la adquisición centralizada de medicamentos cuando es necesaria, que ha recibido 166 millones del Estado, un 9,1% más interanual; así como las transferencias calificadas como «otras aportaciones a la Seguridad Social», que han crecido un 68,5% hasta los 47,8 millones de euros.
En total, las obligaciones reconocidas crecen un 10,4% hasta mayo, lo que supone que el Estado ha tenido que hacer un esfuerzo mayor en los primeros cinco meses del año del que hizo en el mismo periodo de 2025. Aunque ese dinero es utilizado por la Seguridad Social para cubrir necesidades de todo el territorio nacional, incluidas las de vascos y navarros, su fuente de financiación es la recaudación tributaria de las comunidades autónomas del Régimen Común. Esto supone que País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra se benefician de la aportación solidaria del resto del país en el pago de sus prestaciones de la Seguridad Social.
La contribución del Estado a esta administración sirve para que la Seguridad Social pueda «presumir» de tener un déficit público casi nulo (del 0,26% del PIB), a pesar de que su nivel de deuda pública supera los 130.000 millones de euros.
Actualidad Económica. Noticias de Economía Nacional e Internacional
