«Hemos escuchado las grabaciones». Óscar Puente pronunció estas palabras el pasado 28 de octubre, en su primera intervención pública desde el terrible accidente de Urda desde el propio centro de control de Adif en la madrileña estación de Atocha. En aquella primera comparecencia, el ministro de Transportes anticipó públicamente detalles de las comunicaciones mantenidas entre los responsables de circulación y los maquinistas. Llegó a hablar de decisiones «erroneas» y de órdenes «inexplicables». Horas después, esas conversaciones salieron a la luz a través de varios medios de comunicación, reforzando la teoría del ministro del error humano.
El sindicato Alferro cree que las declaraciones del ministro pueden ser constitutivas de un delito de revelación de secretos o informaciones reservadas y, en su caso, de revelación de actuaciones procesales declaradas secretas
Audio generado con IA
«Hemos escuchado las grabaciones». Óscar Puente pronunció estas palabras el pasado 28 de octubre, en su primera intervención pública desde el terrible accidente de Urda desde el propio centro de control de Adif en la madrileña estación de Atocha. En aquella primera comparecencia, el ministro de Transportes anticipó públicamente detalles de las comunicaciones mantenidas entre los responsables de circulación y los maquinistas. Llegó a hablar de decisiones «erroneas» y de órdenes «inexplicables». Horas después, esas conversaciones salieron a la luz a través de varios medios de comunicación, reforzando la teoría del ministro del error humano.
El Sindicato Alternativa Ferroviaria (Alferro) considera que lo sucedido tras el accidente de Urda en el que han muerto 69 personas se ha cruzado una línea roja. Por ello, este martes ha presentado una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Supremo contra el titular de Transportes por la presunta divulgación de información reservada relacionada con el accidente. La organización cree que las declaraciones de Puente pueden ser constitutivas de un delito de revelación de secretos o informaciones reservadas, contemplado en el artículo 417 del Código Penal, y, en su caso, de revelación de actuaciones procesales declaradas secretas, tipificado en el artículo 466.
La denuncia, a la que ha tenido acceso EL MUNDO, pone el foco en la secuencia de acontecimientos de aquella jornada. El sistema de seguridad LZB de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla había dejado de funcionar alrededor de las 8.30 horas, provocando la detención automática de seis trenes. A las 8.36, desde el centro de control de Adif en Atocha se autorizó al maquinista de un AVE de Renfe a desconectar y reconectar el sistema para reanudar la circulación al amparo del bloqueo de señalización lateral (BSL), «con marcha normal». El tren de Iryo que circulaba por delante permanecía detenido. Minutos después se produjo la colisión.
En su comparecencia, Puente atribuyó inicialmente el accidente a una decisión humana que calificó de «inexplicable» y situó el foco en la actuación del centro de control. Reconoció también que había tenido acceso a las grabaciones de las conversaciones, aunque aseguró que todavía quedaban aspectos por esclarecer y evitó ofrecer una valoración detallada de su contenido.
Las comunicaciones acabarían difundiéndose aquella misma noche. En ellas podía escucharse cómo desde Atocha se autorizaba al maquinista del AVE a continuar la marcha con normalidad pese a que el sistema de protección automática había dejado de funcionar. También aparecían las instrucciones transmitidas a la maquinista de Iryo, cuyo convoy seguía inmovilizado ante una señal de entrada a Urda. En los audios se escuchaba también un nombre que permite identificar a uno de los controloadores afectados.
La de Alferro no es la primera medida judicial que los sindicatos han planteado tras la tragedia de Urda, pero sí la primera dirigida por las centrales contra el ministro. El 30 de octubre el Sindicato de Circulación Ferroviario (SCF) presentó una ante el juzgado de Orgaz para investigar la filtración de los audios, pero sin dirigirla personalmente contra el ministro. Vox sí inició una vía judicial direta contra Puente el pasado 29 de octubre, con una querella ante el Supremo por presuntos delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave.
Alferro, la organización que ahora lleva a Puente ante la Fiscalía del Supremo, es un sindicato independiente constituido en mayo de 2021 por un grupo de trabajadores ferroviarios que buscaba ofrecer una alternativa a las organizaciones tradicionales del sector. Está dirigido por Alfonso González Arias, su secretario general, y cuenta con presencia en distintas empresas ferroviarias.
Su denuncia sostiene que las declaraciones del ministro pudieron vulnerar las obligaciones de confidencialidad que deben rodear las investigaciones de accidentes ferroviarios, especialmente cuando los hechos están siendo examinados por las autoridades judiciales.
El artículo 417 del Código Penal, argumenta el sindicato, castiga a las autoridades o funcionarios que revelen información conocida por razón de su cargo y que no deba hacerse pública. El artículo 466 se refiere específicamente a la divulgación de actuaciones judiciales declaradas secretas, aunque su eventual aplicación exige determinar quién efectuó la revelación y si la información formaba ya parte de actuaciones protegidas por el secreto judicial.
La presentación de la denuncia no implica, por sí misma, que se haya cometido una infracción penal. Corresponderá a la Fiscalía valorar si existen indicios suficientes para impulsar actuaciones. El mero acceso del ministro a las grabaciones tampoco supone necesariamente una irregularidad: lo que cuestiona Alferro es la posible divulgación de información sometida a reserva.
Pese a que no es un sindicato grande, Alferro ha mantenido una intensa actividad reivindicativa en materia de seguridad ferroviaria durante este año. En enero presentó denuncias ante la Fiscalía y la Inspección de Trabajo por los accidentes de Adamuz y Gelida. En julio, su secretario general acudió a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para reclamar que Bruselas verificase el cumplimiento de las normas comunitarias de seguridad ferroviaria en España.
Tras la tragedia de Urda, el sindicato volvió a cargar contra la gestión de Transportes y de las empresas públicas ferroviarias. En un comunicado publicado el 30 de octubre denunció que, cuando los sistemas técnicos fallan y se termina produciendo un accidente, las responsabilidades parecen buscarse siempre en los últimos eslabones de la cadena.
Actualidad Económica. Noticias de Economía Nacional e Internacional
