El Gobierno descarta dimisiones, anuncia una batería de medidas para «minimizar riesgos» y los sindicatos le responden con una huelga ferroviaria en plena campaña electoral

El Gobierno ha decidido anticiparse a cualquier conclusión sobre las causas del accidente del pasado miércoles en Urda, con 69 muertos, y ha puesto en marcha medidas «para minimizar riesgos». Al mismo tiempo, ha descartado asumir responsabilidades por la pérdida de confianza en la seguridad del ferrocarril con ninguna dimisión y ha animado a abrir un debate sobre la alta velocidad en España, concretamente en lo que se refiere a la política de expansión de la red de 4.000 kilómetros.

Los sindicatos presentes en el gestor de infraestructuras, que han pedido la intervención en esta empresa por los «riesgos» que está suponiendo su gestión, le han respondido con la convocatoria de una huelga el próximo 17 de noviembre. El pasado fin de semana solicitaron la intervención cautelar de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) en Adif para tomar medidas urgentes que redujeran la velocidad. La pérdida de confianza en el gestor de infraestructuras es más que patente a nivel interno desde la tragedia de Adamuz (Córdoba), cuando ya pidieron la dimisión del presidente Pedro Marco de la Peña.

Puente no ha concretado cuándo entrarán en vigor las nuevas medidas. Ha anunciado una que afecta a los Centros de Control de Regulación (CRC) con los que Adif da una capa de seguridad al tráfico cuando los sistemas automáticos de señalización fallan. El Consejo de ministros ha aprobado que las comunicaciones e instrucciones desde los CRC sean compartidas y firmadas por dos personas, en lugar de una, aunque no ha concretado cómo se ejecutará esta decisión. La línea Madrid Sevilla registró hasta octubre 170 incidencias de este tipo, aunque las empresas y trabajadores que realizan este trayecto creen que son más. Sólo Iryo registró 104 en el mismo periodo que señala el Gobierno.