El Defensor del Pueblo ha puesto el foco sobre la crisis de vivienda y ha registrado este martes en las Cortes Generales un informe en el que insta a las administraciones públicas a una mayor coordinación, a implementar políticas de largo plazo que permitan abordar el problema y a ampliar y reforzar el parque público de vivienda para construir una herramienta con la que resolver los problemas de accesibilidad de los colectivos más vulnerables.
Subraya la necesidad de aumentar el parque residencial asequible y reclama a las administraciones públicas que la vivienda protegida priorice el alquiler y no se descalifique en el tiempo
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El Defensor del Pueblo ha puesto el foco sobre la crisis de vivienda y ha registrado este martes en las Cortes Generales un informe en el que insta a las administraciones públicas a una mayor coordinación, a implementar políticas de largo plazo que permitan abordar el problema y a ampliar y reforzar el parque público de vivienda para construir una herramienta con la que resolver los problemas de accesibilidad de los colectivos más vulnerables.
El informe, con el título La efectividad del derecho a una vivienda digna y adecuada. Un problema social crítico, incluye una batería de 35 medidas entre las que llama la atención la recomendación de aplicar medidas fiscales para movilizar viviendas privadas desocupadas hacia el alquiler asequible o la idea de alcanzar acuerdos de cesión de viviendas con grandes tenedores para ese mismo fin.
La tesis que sustenta estas alternativas y que defiende el informe es que la existencia de un parque suficiente de viviendas con protección pública puede actuar como factor regulador del mercado de la vivienda, al lograr una moderación o contención de los precios, especialmente en los períodos alcistas del ciclo económico como el actual, que limite y compita con la oferta de vivienda libre.
Y para ello, el Defensor del Pueblo insiste en que es clave preservar en el tiempo el carácter público de la vivienda protegida y destinarla preferiblemente al alquiler frente a la compraventa. La institución estima necesario que la normativa autonómica garantice la calificación permanente de las viviendas del parque público, y que se establezca que deben destinarse al alquiler frente a su venta, con el doble objetivo de evitar que acaben en el mercado privado y de disponer, de forma estable y duradera, de un número suficiente de viviendas para satisfacer el derecho a una vivienda digna y adecuada.
Por ello, el Defensor del Pueblo reclama a las administraciones autonómicas y locales que amplíen y mantengan de manera permanente los parques de vivienda protegida, y en especial que aumenten el número de viviendas públicas y protegidas destinadas al alquiler.
En su diagnóstico, el parque público de vivienda se sitúa en el entorno del 3-3,5%, frente al 8-9% de la media europea y en buena parte se debe a que la gran mayoría de la vivienda protegida construida en España en décadas pasadas se ha terminado descalificando e incorporando al mercado libre. Esta situación se conjuga con la escasez de vivienda asequible, con precios de compraventa y alquiler que han subido por encima de los salarios; con un nivel de inversión pública en vivienda que, según la institución, está muy alejada del promedio de los países europeos avanzados; con una rigidez en las políticas de suelo y planeamiento urbanístico que incide en la ineficiencia de los procedimientos de ejecución y gestión del suelo, impidiendo un desarrollo más ágil del parque de vivienda protegida y con la falta de información sobre vivienda pública y demanda.
Todo ello ha llevado a una situación a la que ahora urge ponerle remedio y en esa línea, el Defensor del Pueblo incluye otras recomendaciones como destinar recursos a colectivos especialmente vulnerables, reforzar ayudas al alquiler y rehabilitación, planificar y coordinar políticas de vivienda y suelo a medio y largo plazo,asegurar medidas eficaces para situaciones de emergencia residencial y crear procedimientos ágiles y diferenciados para adjudicación de vivienda en estos casos, regular e intervenir el mercado de alquiler turístico, aumentar la transparencia y objetividad en los procesos de adjudicación de vivienda protegida, dotar presupuestariamente a los programas de vivienda de modo suficiente y estable para garantizar el acceso real y el mantenimiento y evaluar y considerar la declaración de zonas de mercado residencial tensionado conforme a la Ley de Vivienda, aplicando limitaciones temporales para moderar precios en alquiler y compra.
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