El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ha aprobado la propuesta del Ministerio de Hacienda para reformar el sistema de financiación autonómica. Tras una reunión de más de tres horas, el nuevo modelo ha salido adelante en un ambiente de profunda división política, contando únicamente con los votos favorables de Cataluña y Canarias, y el rechazo frontal del resto de las comunidades autónomas de régimen común, tanto las gobernadas por el Partido Popular como las socialistas Asturias y Castilla-La Mancha.
El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ha aprobado la propuesta del Ministerio de Hacienda para
El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ha aprobado la propuesta del Ministerio de Hacienda para reformar el sistema de financiación autonómica. Tras una reunión de más de tres horas, el nuevo modelo ha salido adelante en un ambiente de profunda división política, contando únicamente con los votos favorables de Cataluña y Canarias, y el rechazo frontal del resto de las comunidades autónomas de régimen común, tanto las gobernadas por el Partido Popular como las socialistas Asturias y Castilla-La Mancha.
La aprobación de esta reforma ha evidenciado una fractura territorial inédita. El Gobierno central ha logrado forzar la aprobación del nuevo sistema al contar con la mitad de los votos en el CPFF, lo que le permitía validar la propuesta con el apoyo de una sola autonomía. Sin embargo, se ha topado con el voto en contra de trece comunidades autónomas.
De la sesión se ausentó la Comunidad de Madrid, cuya consejera de Hacienda, Rocío Albert, propuso sin éxito al resto de regiones populares no asistir para forzar la suspensión por falta de quórum. Desde la dirección nacional del PP, su portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, defendió que la decisión de Madrid se tomó «en el ámbito de sus competencias» y «en el ámbito de sus responsabilidades», criticando la aprobación de «un sistema de financiación que se ha hecho al margen de toda España».
Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, se ha mostrado profundamente indignado con el Ejecutivo. Page ha calificado el acuerdo de insolidario y desigual, declarando: «Es enormemente doloroso que sea un Gobierno que se autotitula permanentemente de izquierdas, el que pacte el modelo más insolidario, más injusto, más desigual de la democracia española. Trata más y mejor a los que más tienen y mucho peor a los que menos tenemos». En un extremo opuesto, la consejera de Hacienda de la Generalitat catalana, Alicia Romero, ha mostrado su satisfacción afirmando: «Estamos satisfechos. es un modelo más justo y más igualitario», destacando que Cataluña recibirá casi 4.700 millones de euros adicionales al año.
El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha defendido el resultado de la votación argumentando que «El modelo no es perfecto, pero es mucho mejor que el actual» y que «Si quitamos todo el ruido y furia y la utilización política de Cataluña es un cambio razonable». El Ejecutivo central prevé aprobar el anteproyecto de ley orgánica «en las próximas semanas» para remitirlo al Congreso, donde confía en obtener la mayoría absoluta necesaria porque «es bueno para nuestro país».
No obstante, el recorrido parlamentario de la reforma se presenta altamente complejo. El grupo independentista Junts ya ha anunciado que presentará una «enmienda a la totalidad» en la Cámara Baja al exigir un concierto económico para Cataluña, opción que el Ejecutivo descarta al mantener a la autonomía dentro del modelo común. Ante este escenario, el ministro ha recordado que «El Gobierno de España no debe ni puede imponer un modelo» y que «el Congreso tiene la última palabra», insistiendo en que «se puede seguir dialogando».
La propuesta diseñada por Hacienda prevé dotar a las comunidades autónomas de 20.975 millones de euros adicionales en el año 2027. Este incremento de recursos se articulará principalmente mediante una mayor cesión de la recaudación de impuestos estatales, elevando el tramo autonómico del IRPF del 50 % al 55 %, y el del IVA del 50 % al 56,5 %.
El titular de Hacienda ha sostenido que la medida «supone incrementar significativamente los recursos que tienen disponibles (las comunidades autónomas) para la gestión de sus servicios públicos». Además, ha subrayado que la reforma atiende a las «singularidades» de cada territorio pero «no es un modelo a la carta», destacando que la adhesión de las autonomías al nuevo sistema será voluntaria.
Finalmente, el CPFF ha acordado la creación de un nuevo instrumento normativo derivado del fondo de compensación y de los incentivos regionales. Este mecanismo buscará evaluar de forma específica el impacto del coste asociado a factores territoriales concretos, tales como la masa forestal o la población flotante generada por el turismo.
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