Fawzia Koofi no guarda buen recuerdo de agosto. El día 14 de ese mes hace seis años, unos pistoleros intentaron matarla cerca de Kabul, la capital de Afganistán. Ella formaba parte del equipo que negociaba la paz con los talibanes. Un año y un día después, el 15 de agosto de 2021, el atentado fue contra su pueblo. El grupo armado integrista tomó de nuevo el control del país, mientras Estados Unidos replegaba a sus militares y los extranjeros huían. Koofi, de 50 años, expresidenta del Parlamento afgano, lo recuerda como una “pesadilla”. “Después de 20 años, reemplazaron a talibanes por talibanes”, dice en conversación telefónica desde su exilio en Londres. Un lustro más tarde, aniversario de una de las mayores derrotas de la comunidad internacional, el régimen talibán, aislado y represor, ha devuelto Afganistán a una era de oscuridad: apoyado en las armas, al filo de la guerra con el vecino Pakistán y con una economía y sociedad atenazadas donde las mujeres y niñas son perseguidas. Y todo esto sin oposición. Consentido.
El grupo integrista consolida en un lustro, casi sin oposición, un régimen de represión contra las libertades, en especial las de las mujeres, y sumerge al país en la miseria. Mientras y pese a los abusos, Occidente da pasos para su normalización
Fawzia Koofi no guarda buen recuerdo de agosto. El día 14 de ese mes hace seis años, unos pistoleros intentaron matarla cerca de Kabul, la capital de Afganistán. Ella formaba parte del equipo que negociaba la paz con los talibanes. Un año y un día después, el 15 de agosto de 2021, el atentado fue contra su pueblo. El grupo armado integrista tomó de nuevo el control del país, mientras Estados Unidos replegaba a sus militares y los extranjeros huían. Koofi, de 50 años, expresidenta del Parlamento afgano, lo recuerda como una “pesadilla”. “Después de 20 años, reemplazaron a talibanes por talibanes”, dice en conversación telefónica desde su exilio en Londres. Un lustro más tarde, aniversario de una de las mayores derrotas de la comunidad internacional, el régimen talibán, aislado y represor, ha devuelto Afganistán a una era de oscuridad: apoyado en las armas, al filo de la guerra con el vecino Pakistán y con una economía y sociedad atenazadas donde las mujeres y niñas son perseguidas. Y todo esto sin oposición. Consentido.
Hablaba Koofi de dos décadas en las que Occidente trató de borrar la huella de los talibanes, anfitriones en los noventa de Al Qaeda, grupo que perpetró los atentados del 11-S. Aquel ataque firmó una condena temporal para el grupo armado, que desde 1996 había instaurado un emirato medieval a través de la aplicación más radical de la sharía (ley islámica). La ofensiva de Estados Unidos, lanzada en octubre de 2001, cosechó una rápida victoria. La paz y la transición eran otra cosa. Los talibanes siguieron atacando y ganando terreno, mientras Kabul, con apoyo de Washington, trataba de gobernar para todos los grupos étnicos, contra la miseria y la corrupción. A finales de la década pasada, el regreso talibán parecía, sin embargo, inevitable.
“Mucha gente pareció sorprendida por la rapidez con la que tomaron el país y Kabul”, afirma en un mensaje Florian Weigand, codirector del Centro sobre Grupos Armados, con sede en Ginebra. Weigand, autor de A la espera de la dignidad: legitimidad y autoridad en Afganistán, reflexiona sobre aquella reconquista. “En lugar de limitar sus esfuerzos a la lucha militar, habían comenzado a gobernar territorio y población”, continúa. “La corrupción generalizada les facilitó presentarse como una autoridad alternativa”. Por el camino, miles de millones invertidos por Estados Unidos, Europa, la OTAN y Naciones Unidas para cambiar el rumbo de un país. Según un estudio de la estadounidense Universidad Brown, solo Washington gastó en aquella contienda más de dos billones de euros.
El expediente en estos cinco años del régimen talibán, liderado por el escurridizo y venerado Hibatullah Akhundzada —solo una aparición pública desde la toma de Kabul—, es aterrador. La organización Human Rights Watch describe la situación en Afganistán (45 millones de habitantes) como una de “las crisis de derechos humanos más graves” que se conocen, con ejecuciones sumarias de opositores y desapariciones forzosas; restricción casi total de los derechos de las mujeres y niñas —que el Tribunal Penal Internacional ya persigue como crimen contra la humanidad—; vejaciones y abusos contra la comunidad LGTBI; control estricto de los medios de comunicación; arbitrariedad y excesos en la guerra contra el grupo terrorista Estado Islámico, y el colapso del sistema sanitario por falta de financiación.
Es, sin duda, lo que Fawzia Koofi, candidata al Nobel de la Paz por su defensa de los derechos de la mujer, llama “el periodo más oscuro de la historia de Afganistán”. De nuevo un recuerdo a prácticas propias de la Edad Media: según los registros de la Organización de Derechos Humanos y Democracia de Afganistán (AHRDO, en sus siglas en inglés), que opera en el extranjero, los talibanes han llevado a cabo más de 2.700 castigos con latigazos en público desde febrero de 2022, la mayoría por presuntos delitos sexuales o violaciones de la moral, según el radical cuerpo normativo afgano.
Esto era previsible a finales de la década pasada, pero el camino estaba despejado. “El interés internacional en Afganistán disminuyó con el paso de los años hasta 2021, y finalmente Estados Unidos quiso retirarse del país cuanto antes”, explica Weigand, investigador también del centro de análisis danés DIIS. El presidente estadounidense, Donald Trump, negoció en su primer mandato la retirada, que formalizó en el Acuerdo de Doha de febrero de 2020. La Administración de Joe Biden lo culminó a un ritmo mayor del que los afganos esperaban. Washington, que llegó a desplegar a más de 100.000 militares en el país, no quería permanecer ni un segundo más. A cambio, el grupo integrista escribió en aquel pacto, entre otras cosas, que combatiría contra grupos terroristas que pudieran atacar Occidente. Y cumplió.
Los expertos en terrorismo Tricia Bacon y Daniel Byman afirmaban este martes en un análisis en The Atlantic (“Un rayo de esperanza en Afganistán”) que, en efecto, los talibanes han logrado poner coto a grupos como Al Qaeda, que ha trasladado gran parte de su fuerza de atracción al continente africano, y el Estado Islámico. La rama regional de esta última organización fue la responsable precisamente del brutal atentado en el aeropuerto de Kabul el 26 de agosto de 2021, cuando miles de personas trataban de huir de la capital afgana. Murieron 170 civiles y 13 uniformados estadounidenses. También ha atacado en Irán, Rusia, Pakistán y Turquía, pero los talibanes mantienen una fuerte presión sobre la provincia de Nangarhar, en la frontera oriental del país, donde este grupo tiene sus cuarteles generales.
También en su particular guerra contra el narcotráfico, los talibanes han cosechado algún éxito. Según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en 2025 se cultivaron 10.200 hectáreas de opio, una cifra inferior a las 12.800 hectáreas de 2024 y muy por debajo de las 232.000 hectáreas registradas antes de la prohibición impuesta por el régimen afgano en abril de 2022.
Aunque no se expresara de forma pública, entre las cancillerías había cierta esperanza de que los talibanes que entraban en Kabul aquel 15 de agosto de 2021, y que tanto habían negociado ya en Doha durante los últimos años, no fueran los de antes. “Había un pensamiento occidental de que iban a cambiar”, cuenta Koofi, “pero ¿dónde están ahora esos talibanes moderados de los que hablaban?”. El grupo integrista intentó poner otra cara. El portavoz en jefe, Zabihullah Mujahid, mostró por primera vez su rostro. El ritmo de mensajes en su perfil de la red X es hoy incansable, sobre todo para hacer gala de grandes obras como el gasoducto TAPI, que transportará gas desde Turkmenistán a la India a través de Afganistán y Pakistán.
Pero la represión y la inoperancia no saben de caretas. Uno de cada tres afganos necesita hoy asistencia alimentaria, según datos de Naciones Unidas. Este organismo estima que 14 millones de ciudadanos padecerán hambre aguda durante este año —casi 3,7 millones de niños menores de cinco años corren el riesgo de sufrir desnutrición aguda—. El dinero público se gasta sobre todo en seguridad. El Banco Mundial señala que el 80% de las familias están endeudadas, mientras el PNUD (Programa de la ONU para el Desarrollo) calcula que la exclusión de la mujer resta al PIB unos 800 millones de euros.
La economía crece gracias al retorno, forzado en gran medida, de más de seis millones de afganos de países vecinos como la India y Pakistán, aunque la mayoría carece de recursos para subsistir.
Un panorama con algún matiz. Norah Niland ha trabajado en varios periodos en Afganistán desde los años noventa. Hace hincapié, en un intercambio de correos, de que, tras la llegada de los talibanes, se cortó de tajo el apoyo financiero exterior, que sumaba un 40% del presupuesto del país. Y, sobre todo, se congelaron unos 8.000 millones de euros del banco central (Da Afghanistan Bank). Niland, cofundadora de Unidos Contra la Inhumanidad (UAI, en sus siglas en inglés), con sede en Ginebra, apuesta por el desembolso controlado de este dinero. “Es imperativo que los servicios básicos estén disponibles para todos y para romper el ciclo de crisis interminables, pobreza crónica y episodios de conflicto armado”, afirma.
Cinco años después de la caída de Kabul, solo Rusia reconoce de forma oficial al régimen talibán. Otros se han reunido de forma más o menos pública con los integristas, bien por intereses económicos (China, Turquía, Arabia Saudí, Japón), bien para promover la deportación de nacionales afganos, tema central del encuentro mantenido en Bruselas en junio por una delegación talibán y 15 representantes de la Unión Europea. Hablar de normalización del régimen es frustrante para luchadoras como Koofi. “Es como subir una montaña porque te dicen que hay agua, pero al final no hay agua”, relata.
Pese a su rechazo a los integristas, esta exparlamentaria afgana habla de diálogo con ellos, de poner las bases para un acuerdo que incluya a los demás grupos afganos. A tenor de la posición de fuerza que el grupo mantiene en el interior del país, y con la normalización bajo mesa de Occidente, no es posible pensar hoy en el cambio en Afganistán sin contar con los talibanes. “Pero la oposición está creciendo en todo el país”, prosigue Koofi. También la armada. Un alto cargo talibán murió este jueves en un atentado con coche bomba en la provincia nororiental de Badajshan, donde actúa el principal grupo violento que planta cara al régimen.
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