Este verano, un cartel monumental colocado en la fachada del parking central del aeropuerto de Palma desató una encendida polémica local. Escrita en alemán, la lona anunciaba una aplicación de pagos entre móviles: «Lo que pasa en Mallorca se paga en Mallorca«. La frase jugaba con las palabras, pudiendo traducirse también como «lo que pasa en Mallorca se queda en Mallorca», un guiño a la bravuconada que precede a un viaje de excesos y desenfreno. En plena lucha institucional contra la mala imagen del turismo de borrachera, aquella lona provocó quejas en la sociedad civil y la airada reacción del Govern balear que preside Marga Prohens (PP), que pidió a AENA que retirara el cartel. La compañía anunciante que pagaba por el espacio acabó descolgándolo.
Con el tercer aeropuerto más transitado de España y más de 19 millones de turistas al año, el archipiélago reclama al Gobierno la misma fórmula de cogestión que ha pactado con Cataluña
Este verano, un cartel monumental colocado en la fachada del parking central del aeropuerto de Palma desató una encendida polémica local. Escrita en alemán, la lona anunciaba una aplicación de pagos entre móviles: «Lo que pasa en Mallorca se paga en Mallorca«. La frase jugaba con las palabras, pudiendo traducirse también como «lo que pasa en Mallorca se queda en Mallorca», un guiño a la bravuconada que precede a un viaje de excesos y desenfreno. En plena lucha institucional contra la mala imagen del turismo de borrachera, aquella lona provocó quejas en la sociedad civil y la airada reacción del Govern balear que preside Marga Prohens (PP), que pidió a AENA que retirara el cartel. La compañía anunciante que pagaba por el espacio acabó descolgándolo.
El episodio podría ser anecdótico si no fuese por el escenario político y social de fondo en el que se produce. Baleares ha presionado esta legislatura -como era previsible, sin éxito- al Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE) para que le conceda el mismo trato que ha dispensado a País Vasco y Cataluña, y que, como ha pactado con ellas, permita a las Islas participar en la cogestión de sus infraestructuras aéreas.
De hecho, la reivindicación, apoyada intermitentemente por la mayoría de partidos de las islas, ha llegado más lejos que nunca en su recorrido político durante este mandato que abruptamente toca a su fin con la convocatoria electoral. Con la intención de lograr la cogestión, el Parlamento balear aprobó el pasado mes de abril una iniciativa legislativa para que el Congreso de los Diputados debata una modificación de la Ley que regula el funcionamiento de las infraestructuras aéreas.
La propuesta, según explican fuentes del gobierno autonómico, no pasa por pedir la gestión aeroportuaria ni rompe con las competencias estatales, algo que no tendría encaje constitucional. Sino que plantea permitir la cogestión mediante la modificación del Real Decreto Ley 13-2010, que en 2010 impulsó la creación de Aena -empresa estatal con un 49% de capital privado- y reguló el funcionamiento actual de los aeropuertos españoles. Entonces ya se aprobó la creación de los comités de coordinación, órganos donde, sobre el papel, las comunidades autónomas debían tener voz. Sin embargo, desde la autonomía se considera este organismo como un órgano poco ejecutivo, opaco y discrecional, donde las administraciones regionales actúan como convidados de piedra del Ministerio de Transportes.
El Parlament balear, tras el refrendo de una mayoría y a pesar de la abstención del PSOE, pide en esa propuesta elevada al Congreso que esos comités se reformulen y se reformen, dando más poder a la comunidad autónoma y a otras administraciones locales, como los consejos insulares. Se pide más capacidad de decisión, más transmisión de información y que se convoque dos veces al año como mínimo, permitiendo al Govern balear reunirlo.
En su hoja de ruta política, Prohens ha acuñado la idea de la «contención turística»: frenar y redistribuir los flujos turísticos durante el año. Para ello, así como para mejorar el servicio que reciben los ciudadanos de baleares, la líder regional del PP considera esencial poder participar en la gestión del aeropuerto, que es la principal puerta de entrada de los 19 millones de turistas que llegan al año (2025) y, en palabras de la catedrática de Geografía Humana de la UIB Joana María Seguí, el «cordón umbilical de la región con el exterior».
En ese camino, el PP cuenta con un infrecuente compañero de viaje: el bloque nacionalista balear y, por ende, la bancada de Sumar, que ha impulsado y da alas a esta iniciativa. «El modelo actual es centralista, extractivista y se decide en Madrid, dándose la paradoja de que por mucho que se legisle en Baleares, la puerta de entrada determinará nuestro modelo», explica Vicenç Vidal, diputado de Sumar en el Congreso y político de Més per Mallorca. «Decidir sobre nuestros aeropuertos es decidir nuestro futuro».
El Gobierno de España ha mantenido vetado el debate en el Congreso de la iniciativa parlamentaria, con la circunstancia de que la Cámara la preside la socialista Francina Armengol (PSOE), ex presidenta balear que en su trayectoria política local defendía la cogestión. Un informe del Ministerio de Presidencia bloqueó la votación, alegando que la iniciativa podría afectar a las tarifas aeroportuarias y al tráfico aéreo. El PSOE balear, sin embargo, se ha alineado recientemente con esa reclamación, criticando además el espíritu mercantil de Aena.
A consultas de este diario, y sin querer entrar a replicar todo el cuestionario enviado, el operador aeroportuario estatal se limita a señalar que «respeta todas las posiciones que forman parte del debate público e institucional sobre el futuro de los aeropuertos»» y que mantiene «una relación permanente con las administraciones públicas y con los distintos agentes económicos y sociales de las islas Baleares». Aena recalca además que «la participación institucional ya está contemplada en el marco normativo vigente a través de los comités de coordinación» y que «el marco constitucional y legal vigente atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre los aeropuertos de interés general».
Los aeropuertos de Baleares son la principal puerta de entrada de personas y el filtro por el que pasa la inmensa mayoría de turistas. Además, su carácter semiprivado les convierte en un gran polo comercial, generador de negocio. Estos son algunos de los principales datos.
El aeropuerto de Palma es el tercero más transitado de España tras Madrid y Barcelona. En 2025 los aeródromos de España sumaron 384 millones de pasajeros. Casi un 9% lo aportó el mayor de los de Baleares, región que recibió 19 millones de turistas ese año. 4,9 millones eran alemanes.
Los tres aeropuertos de las islas registraron en 2025 un tráfico total de 47,1 millones de pasajeros, un incremento que fluctúa entre el 0.7% (Ibiza) y el 1,4% (Mallorca) con respecto al año anterior.
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