Un grupo de 25 Estados de EE UU gobernados por demócratas ha presentado una demanda conjunta contra la última ronda arancelaria de Donald Trump. El presidente de Estados Unidos aprobó hace un par de semanas una nueva remesa de gravámenes comerciales de entre el 10% y el 12,5% a más de 90 países bajo el argumento de que incumplían la normativa relativa a trabajos forzosos.
Acusan al presidente de utilizar un vericueto para reemplazar aranceles anteriores que fueron anulados por el Tribunal Supremo o que habían expirado
Un grupo de 25 Estados de EE UU gobernados por demócratas ha presentado una demanda conjunta contra la última ronda arancelaria de Donald Trump. El presidente de Estados Unidos aprobó hace un par de semanas una nueva remesa de gravámenes comerciales de entre el 10% y el 12,5% a más de 90 países bajo el argumento de que incumplían la normativa relativa a trabajos forzosos.
En realidad, el mandatario republicano trataba de evitar un vacío legal porque el arancel universal que estaba vigente hasta entonces iba a caducar. Así que recurrió a una nueva vía legal, el artículo 301 de la Ley de Comercio de 1974, para fundamentar la nueva ofensiva comercial.
Un grupo de pequeñas empresas demandó a la Administración Trump unas horas después de la entrada en vigor de los nuevos gravámenes. “La demanda argumenta que el gobierno no puede mantener una política arancelaria global predeterminada simplemente cambiando de una ley a otra”, asegura Liberty Justice Center, la organización que representa a las pequeñas compañías ante los tribunales.
Ahora son Estados que representan la mitad de los territorios del país los que recurren ante los tribunales los nuevos aranceles. Nueva York, Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Kentucky, Massachusetts, Maryland, Maine, Míchigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Carolina del Norte, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Virginia, Vermont, Washington y Wisconsin han presentado una demanda este lunes ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos en Manhattan.
La demanda básicamente acusa al presidente republicano y su gobierno de utilizar ilegalmente la Sección 301 para reemplazar aranceles anteriores que fueron anulados por el Tribunal Supremo de Estados Unidos o que ya habían expirado.
“Tras la derrota en el Tribunal Supremo, la Administración [Trump] intenta una vez más aumentar ilegalmente los impuestos a las familias y las empresas con una nueva ronda de aranceles”, declaró la fiscal general de Nueva York, Letitia James, en declaraciones recogidas por Bloomberg. “Por mucho que la Administración intente justificarlo, la ley y nuestra Constitución son claras: el presidente no tiene la facultad de imponer aranceles generalizados a cualquier país que se le antoje”, agregó.
Trump ha tratado de reconstruir su muro arancelario con este último bloque de aranceles a 60 economías, incluyendo a la Unión Europea, tras el revés que le propinó el Tribunal Supremo a principios de año. La Corte consideró inconstitucionales los aranceles recíprocos que aprobó en abril de 2025 a todos sus socios comerciales con el pretexto de resolver el déficit comercial crónico que sufre Estados Unidos.
Tras perder ante el Supremo, Trump aprobó un arancel universal del 10%, pero solo tenía una vigencia de 150 días y requería el aval del Congreso para prorrogarlo. Ante la incapacidad de conseguir el visto bueno del Capitolio a esta medida de política comercial, la Administración Trump ideó otra vía antes de que el arancel universal decayera. La solución la encontró en el Artículo 301, que exige unas investigaciones previas de la Autoridad de Comercio Exterior de Estados Unidos.
Este organismo abrió dos investigaciones: una a 60 economías por no haber tomado suficientes medidas para controlar las importaciones de bienes producidos mediante trabajo forzoso. Esta es la que aprobó el pasado 24 de julio y es la que ha sido recurrida ante los tribunales por un grupo de pequeñas empresas y los 25 estados demócratas.
La otra investigación a 16 países a los que acusa de sobreproducción, una práctica que tira los precios y perjudica a los productores nacionales. Esta investigación aún no ha concluido.
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